sentencia delito de amenazas y soborno.

Jurisprudencia Constitucional

Número de referencia: 56/2003 ( SENTENCIA )

Referencia número: 56/2003

Tipo: SENTENCIA

Fecha de Aprobación: 24/3/2003

Publicación BOE: 20030416 :: (Doc. PDF)

Ponente: doña Elisa Pérez Vera

Número registro: 3087-2000/

Recurso tipo: Recurso de amparo.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

Extracto:

Promovido por don Domingos de Almeida Cardoso frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial de Córdoba y de un Juzgado de lo Penal, que le condenaron por un delito de amenazas.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia: registro de llamadas intervenido con consentimiento de uno de los interlocutores; condena penal fundada en prueba de cargo.

Preámbulo:

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña Elisa Pérez Vera y don Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3087-2000, promovido por don Domingos de Almeida Cardoso, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Lourdes Cano Ochoa y asistido por la Letrada doña Fuensanta Casado Hierro, contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba de 3 de mayo de 2000, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de dicha ciudad el 16 de marzo de 2000, en el procedimiento abreviado núm. 53/99 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Pozoblanco, seguido por delito de amenazas. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes:

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de mayo de 2000, doña Fuensanta Casado Hierro, Abogada de don Domingos de Almeida Cardoso, solicita en su nombre el nombramiento de Procurador del turno de oficio para interponer recurso de amparo contra las resoluciones señaladas en el encabezamiento de esta Sentencia. Tras los trámites procesales pertinentes, por escrito registrado el 30 de noviembre de 2000, la Procuradora de los Tribunales doña María Lourdes Cano Ochoa formaliza la demanda de amparo.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda, sucintamente expuestos, son los siguientes:

a) Como consecuencia de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Alamillo (Ciudad Real) por don Alfonso Torrico Silvestre, manifestando ser víctima de amenazas en las que se le exigía que hiciera entrega de 1.500.000 pesetas a cambio de que no se revelasen sus relaciones con otra persona, se incoaron las diligencias previas núm. 421/99, transformadas posteriormente en el procedimiento abreviado núm. 53/99 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Pozoblanco.

b) Finalizada la instrucción y remitida la causa al órgano de enjuiciamiento, que resultó ser el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Córdoba, éste dictó Sentencia el 16 de marzo de 2000 por la que se condenaba al hoy recurrente y a otra persona, como autores de un delito de amenazas condicionales del art. 171.2 CP, a la pena de un año de prisión para cada uno de ellos.

c) Interpuesto recurso de apelación por los condenados, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba lo desestima por Sentencia de 3 de mayo de 2000.

3. En la demanda de amparo se denuncian como vulneraciones de los derechos fundamentales las siguientes: primera, vulneración del derecho a la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 y 3 CE). Se concreta esta vulneración en la falta de autorización judicial para la escucha y registro de determinadas conversaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil; segunda, vulneración del derecho a la intimidad y del derecho a la inviolabilidad del domicilio (arts. 18.1 y 2 y 24.1 CE). Se concreta la vulneración en la falta de motivación del Auto judicial de entrada y registro; tercera, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso justo, a la inmediación judicial y a la prohibición de indefensión (arts. 14, 24.1 y 2 CE). Se concreta la vulneración en la valoración, en Sentencia, de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y cuarta, vulneración de la presunción de inocencia, el derecho a la igualdad, a la contradicción, a la inmediación y la prohibición de indefensión. Basado en los mismos artículos que el anterior, se concreta la vulneración en la inexistencia de prueba de cargo en que fundamentar la condena de don Domingos de Almeida Cardoso.

4. Por providencia de la Sección Tercera de este Tribunal, de 26 de febrero de 2001, se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que considerasen pertinentes en relación con la eventual carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].

5. La Procuradora Sra. Cano Ochoa, mediante escrito registrado el 21 de marzo de 2001, itera de manera más resumida las consideraciones ya expuestas en la demanda de amparo, insistiendo en la concesión del amparo pedido.

6. Por su parte, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacúa el trámite conferido mediante escrito registrado el 23 de marzo de 2001. En él interesa la inadmisión de la demanda por falta de contenido constitucional.

7. Por providencia de 10 de mayo de 2001, la Sala Segunda acordó conocer del presente recurso de amparo y admitirlo a trámite. En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC se solicitó de los órganos judiciales en cuestión la remisión de certificación o copia adverada de las actuaciones, debiendo el Juzgado emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que, si así lo querían, pudieran comparecer en el presente recurso.

8. Por otra providencia de la misma fecha, la Sala acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente sobre suspensión. Por Auto de 18 de junio de 2001, la Sala acordó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad.

9. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda de 25 de julio de 2001 se acordó, una vez recibidas las actuaciones, dar vista de las mismas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentaran las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.

10. Mediante escrito registrado en el Juzgado de guardia el 22 de septiembre de 2001, y el día 26 siguiente en este Tribunal, la Procuradora Sra. Cano Ochoa envía sus alegaciones en formulación similar a las realizadas en la demanda de amparo, reafirmando su solicitud de otorgamiento del amparo.

11. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional envía su escrito de alegaciones, registrado el 26 de septiembre en este Tribunal. En él interesa la denegación del amparo solicitado.

Comienza señalando, en relación con la queja referida a la vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (art. 18 CE), y tras la reproducción del fundamento jurídico 7 de la STC 114/1984, que de la doctrina de esta Sentencia se concluye que cada uno de los interlocutores (en el caso de comunicaciones telefónicas) tiene el dominio de la comunicación (de dominus, de señorío sobre la comunicación), de forma que, por un lado, no está sujeto a un deber de secreto de lo comunicado por el mero hecho de haber recibido la comunicación por uno de estos medios y, por otro, puede dar entrada en la comunicación a otras personas sin que éstas, que entran en la comunicación con el conocimiento y autorización -expresa o tácita- de uno de los interlocutores, estén tampoco violando el secreto de las comunicaciones. Cuestión distinta es la de las escuchas telefónicas realizadas sin que ninguno de los comunicantes lo conozca o lo autorice, lo que únicamente puede hacerse, sin violar el derecho fundamental del art. 18.3 CE, cuando media autorización judicial.

En este sentido, se puede distinguir entre la comunicación y el mensaje comunicado. La comunicación está amparada contra toda injerencia por parte de terceros no autorizados por los comunicantes o interlocutores, salvo el caso de autorización judicial, lleve esta injerencia a conocer el mensaje o lleve solamente a conocer el interlocutor ignorado por el sistema del comptage o por otro que muestre, en el caso de comunicación telefónica, la identificación del otro aparato con el que existe comunicación. No existe prohibición para conocer, por uno de los interlocutores, el número de teléfono desde el que se establece comunicación con él. En otro caso todos los teléfonos que muestran el número desde el que están siendo llamados infringirían el secreto de las comunicaciones amparado por el art. 18.3 CE.

En nuestro caso, dice el Fiscal, no existe vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, porque es uno de los interlocutores, en la comunicación telefónica, quien autoriza la entrada en la comunicación a terceros, a la Guardia Civil. Lo que se hizo para registrar las conversaciones y determinar el número desde el que se llamaba (los medios técnicos que se emplearon) es algo que podía haber realizado el mismo don Alfonso Torrico u otra persona por su encargo, y existen más garantías cuando se realiza, previa la denuncia de la comisión de un posible delito mediante esas comunicaciones, por agentes de la autoridad, que con su presencia evitan la posibilidad de manipulación de las cintas en que se grabaron las conversaciones y confirman la exactitud del número de teléfono desde el que se efectuó la llamada.

En cuanto a la alegada vulneración del derecho a la intimidad del art. 18.1 CE, aspecto material del secreto en cuanto al mensaje o contenido de la comunicación, no existe en el caso que estudiamos ninguna obligación de secreto, porque en el contenido de las comunicaciones nada hay que afecte al ámbito de la intimidad y ni siquiera al de la privacidad de quien hablaba con don Alfonso Torrico. Ha de tenerse en cuenta que lo escuchado y grabado ha sido la comisión de un delito de amenazas condicionales, que se inició el 3 de junio de 1999 pero que no estaba totalmente consumado, puesto que el autor todavía no había conseguido su propósito inicial y seguía amenazando para conseguirlo, amenaza que se realizaba por medio de esas llamadas telefónicas. En estas llamadas el interlocutor de don Alfonso Torrico se guardó en todo momento de manifestar su identidad o de revelar cualquier dato que pudiera llevar a su identificación. Nada dice referido a su privacidad, todo el contenido de su conversación se reduce a las amenazas y a la forma de conseguir la entrega del dinero. Si hay algún contenido referente a la intimidad de alguna persona es a la intimidad de don Alfonso Torrico, por lo que éste era dueño de manifestarlo o de que su conocimiento llegase a quien quisiera. Por otra parte, tratándose de la comisión de un delito, existe obligación de denunciarlo, impuesta en el art. 259 LECrim, lo que elimina la obligación de secreto que pudiera tener don Alfonso Torrico. Finalmente, no se comprende el interés constitucional que pueda existir en proteger el secreto de la comisión de un delito.

En relación a la también alegada falta de motivación del Auto de entrada y registro en el domicilio del demandante de amparo, a juicio del Fiscal no existe. Hay una solicitud concreta y fundada de la Guardia Civil; el Auto se dicta en un procedimiento penal existente que se está tramitando ante el Juez de Instrucción que lo acuerda, quien tiene ante sí el atestado y las declaraciones de los detenidos, concretamente la declaración de don Domingos de Almeida Cardoso que, al tratar de los folios y sobres en los que se realizó la amenaza inicial, dice que en su domicilio tiene otros similares (folios 24 a 26 de la causa); los detenidos saben los hechos que se les imputan y los antecedentes que se hacen constar en el Auto son suficientes para que no sólo conozcan el objeto del registro domiciliario, sino que pueden hacerse cargo de la influencia que puede tener en la causa criminal que se encuentre en su domicilio lo que se busca. Frente a esto se alega en la generalidad de los fundamentos de Derecho, que corresponden a un modelo. Sin embargo, es doctrina constante de este Tribunal que la utilización de modelos o formularios estereotipados no significa necesariamente que la motivación sea inexistente (SSTC 184/1988 y 74/1990). Peticiones idénticas pueden recibir respuestas idénticas sin que la reiteración en la fundamentación suponga ausencia de ésta. Habrá de analizarse siempre el caso concreto para ver si la fundamentación genérica es congruente con la cuestión planteada y si expresa el criterio del Juzgador sobre el thema decidendi.

En la fundamentación jurídica del Auto de entrada y registro de 7 de julio de 1999 se exponen de forma alternativa los diferentes supuestos que pueden motivar la entrada y registro, entre los cuales se encuentra aquél al que concretamente se refieren los antecedentes de hecho (antecedentes que forman también parte de la motivación): «los efectos o instrumentos de un delito» y en la parte dispositiva se dice concretamente que la entrada se autoriza «al objeto de intervenir instrumentos y efectos para confeccionar [el] anónimo enviado a don Alfonso Torrico», por lo que la fundamentación del Auto es suficiente.

Por último, a juicio del Fiscal, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia es inexistente y su argumentación carece de base cuando las pruebas que se entienden obtenidas con vulneración de derechos fundamentales son constitucionalmente legítimas. Así la discusión se reduce a la valoración de las pruebas practicadas en el juicio, entre las que hay pruebas de cargo válidamente obtenidas que son bastantes para sustentar el juicio de autoría y de comisión delictiva que hacen las Sentencias impugnadas. Por todo lo expuesto el Fiscal interesa la denegación del amparo solicitado.

12. Por providencia de 20 de marzo de 2003, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 24 del mismo mes y año.

Fundamentos:

II. Fundamentos jurídicos

1. La cuestión que se plantea en el presente recurso de amparo consiste en determinar si, como propugna el recurrente y rechaza el Ministerio Fiscal, las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia del recurrente.

Ante todo, ha de tenerse en cuenta que los dos últimos motivos de amparo, más arriba expuestos, dependen de los dos primeros, pues el tercero denuncia que se han tenido en cuenta en la Sentencia pruebas que se han obtenido vulnerando derechos fundamentales, en referencia a las escuchas telefónicas, grabaciones y obtención del número de teléfono de procedencia de la llamada y a la entrada y registro en el domicilio y, por otra parte, el cuarto motivo, la alegación de vulneración de la presunción de inocencia, también se refiere a la inexistencia de prueba si se excluyen las mencionadas.

Además, conviene advertir que, aun cuando en la demanda se invocan como lesionados los arts. 6 y 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 12 de la Declaración universal de derechos humanos y 17.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, no le corresponde a este Tribunal, al conocer en recurso de amparo, examinar la observancia o inobservancia, per se, de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo (arts. 53.2 CE y 49.1 LOTC), sin perjuicio de que, por mandato del art. 10.2 CE, tales preceptos deban ser interpretados de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 3, y 249/2000, de 30 de octubre, FJ 2, por todas).

2. Como se recuerda en la STC 123/2002, de 20 de mayo, FJ 4, este Tribunal en la STC 114/1984, de 29 de noviembre, haciéndose eco de la STEDH de 2 de agosto de 1984, caso Malone, ha afirmado que el concepto de secreto de la comunicación cubre, no sólo el contenido de la comunicación, sino también la identidad subjetiva de los interlocutores. Así, hemos declarado en aquella ocasión que «rectamente entendido», el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE «consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del "secreto"- la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo) ... Y puede también decirse que el concepto de "secreto", que aparece en el artículo 18.3, no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como, por ejemplo, la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales». En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «reconoce expresamente la posibilidad de que el art. 8 de la Convención pueda resultar violado por el empleo de un artificio técnico que, como el llamado comptage, permite registrar cuáles hayan sido los números telefónicos marcados sobre un determinado aparato, aunque no el contenido de la comunicación misma».

«Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de "comunicación"», añadíamos, «la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma. La presencia de un elemento ajeno a aquéllos entre los que media el proceso de comunicación, es indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado». Y concluimos: «el concepto de "secreto" en el art. 18.3 tiene un carácter "formal", en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado» (FJ 7). Esta doctrina ha sido reiterada también en la STC 70/2002, de 3 de abril, en cuyo fundamento jurídico 9 se precisa que «el art. 18.3 CE contiene una especial protección de las comunicaciones, cualquiera que sea el sistema empleado para realizarlas, que se declara indemne frente a cualquier interferencia no autorizada judicialmente» y que «la protección del derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso de comunicación mismo, pero finalizado el proceso en que la comunicación consiste, la protección constitucional de lo recibido se realiza en su caso a través de las normas que tutelan la intimidad u otros derechos», de modo que la protección de este derecho alcanza a las interferencias habidas o producidas en un proceso de comunicación.

La separación del ámbito de protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal (art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) efectuada en esta Sentencia se proyecta sobre el régimen de protección constitucional de ambos derechos. Pues si ex art. 18.3 CE la intervención de las comunicaciones requiere siempre resolución judicial, «no existe en la Constitución reserva absoluta de previa resolución judicial» respecto del derecho a la intimidad personal. Ahora bien, también respecto del derecho a la intimidad personal hemos dicho que rige como regla general la exigencia constitucional de monopolio jurisdiccional en la limitación de derechos fundamentales, si bien hemos admitido de forma excepcional que en determinados casos y con la suficiente y precisa habilitación legal sea posible que la policía judicial realice determinadas prácticas que constituyan una injerencia leve en la intimidad de las personas (SSTC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; y 70/2002, de 3 de abril, FJ 10). La legitimidad constitucional de dichas prácticas, aceptada excepcionalmente, requiere también el respeto de las exigencias dimanantes del principio de proporcionalidad, de modo que mediante la medida adoptada sea posible alcanzar el objetivo pretendido -idoneidad-; que no exista una medida menos gravosa o lesiva para la consecución del objeto propuesto -necesidad-; y que el sacrificio del derecho reporte más beneficios al interés general que desventajas o perjuicios a otros bienes o derechos atendidos la gravedad de la injerencia y las circunstancias personales de quien la sufre -proporcionalidad estricta (SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; y 70/2002, de 3 de abril, FJ 10)-.

3. Pues bien, iniciando el examen de la pretensión de amparo, debemos proceder a contemplar el fundamento material de la garantía y delimitación constitucional de los ámbitos de protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE). Para ello hemos de partir de que, no obstante el diferente ámbito de protección del art. 8.1 CEDH y de los arts. 18.1 y 18.3 CE separadamente considerados, señalado ya en nuestras SSTC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6, y 10/2002, de 17 de enero, FJ 5, la injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar, domicilio y correspondencia reconocido en el art. 8.1 CEDH sólo es posible, conforme al art. 8.2 CEDH, cuando esa injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida necesaria en una sociedad democrática para alcanzar un fin legítimo. Tampoco podemos olvidar que nuestra Constitución exige que toda limitación de un derecho fundamental esté prevista en la ley (art. 53.1 CE) y que dicha limitación sea adecuada a las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad, esto es, necesaria para alcanzar un fin legítimo, proporcionada al efecto y, en todo caso, respetuosa del contenido esencial del derecho (por todas, SSTC 181/1995, de 11 de diciembre, FJ 5; 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 9; y 169/2001, de 16 de julio, FJ 4). Y, finalmente, se ha de tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Malone (º 84), como ya se ha dicho, reconoció que el sistema del «recuento» es por naturaleza distinto a la interceptación de las comunicaciones, pues puede tener una finalidad lícita como es la comprobación de la exactitud de los cargos que se exigen a los abonados, examinar sus reclamaciones o descubrir posibles abusos, mientras que la interceptación de las comunicaciones no es deseable ni lícita en una sociedad democrática.

En una sociedad tecnológicamente avanzada como la actual, el secreto de las comunicaciones constituye, no sólo garantía de libertad individual, sino instrumento de desarrollo cultural, científico y tecnológico colectivo.

Por ello la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas requiere la interferencia directa en el proceso de comunicación (mutatis mutandi respecto de las comunicaciones postales: STC 70/2002, de 3 de abril) mediante el empleo de cualquier artificio técnico de captación, sintonización o desvío y recepción de la señal telefónica como forma de acceso a los datos confidenciales de la comunicación, es decir, a su existencia, contenido y a las circunstancias externas del proceso de comunicación. De este modo la difusión sin consentimiento de los titulares del teléfono o sin autorización judicial de los datos captados supone la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (STC 123/2002, de 20 de mayo, FJ 5). Decíamos también en la citada STC 123/2002, que la aplicación de la doctrina expuesta conducía a concluir que la entrega de los listados por las compañías telefónicas a la policía, sin consentimiento del titular del teléfono, requiere resolución judicial, pues la forma de obtención de los datos que figuran en los citados listados supone una interferencia en el proceso de comunicación que está comprendida en el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas del art. 18.3 CE. Ahora bien, aunque el acceso y registro de los datos que figuran en los listados constituya una forma de afectación del objeto de protección del derecho al secreto de las comunicaciones, no puede desconocerse la menor intensidad de la injerencia en el citado derecho fundamental que esta forma de afectación representa en relación con la que materializan las «escuchas telefónicas», siendo este dato especialmente significativo en orden a la ponderación de su proporcionalidad.

Por otra parte, en la citada STC 114/1984, de 29 de noviembre, ya señalábamos que «no hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 CE la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aún considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones» (FJ 7). Más adelante también se indicaba que «Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera "íntima" del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el art. 18.1 CE. Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión (art. 18.1 CE). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este sólo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado.

Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, "a contrario", no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana».

Pues bien, en el presente caso, no existe vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Es, precisamente, uno de los interlocutores en la comunicación telefónica (el denunciante del chantaje al que se encontraba sometido) quien autorizó expresamente a la Guardia Civil a que registrara sus conversaciones para poder determinar así el número desde el que le llamaban, al no contar con aparato técnico para ello. Como señala el Ministerio Fiscal, no existe prohibición para conocer, por parte de uno de los interlocutores, el número de teléfono desde el que se establece comunicación con él; en otro caso todos los teléfonos que muestran el número desde el que están siendo llamados infringirían el secreto de las comunicaciones amparado por el art. 18.3 CE. A ello cabe agregar que, tal y como se señala en la STEDH de 25 de septiembre de 2001 (caso P.G. y J.H. contra Reino Unido), «la divulgación a la policía está permitida conforme a un marco legal cuando sea necesaria para la detección y prevención del delito y el material se utilizó en el proceso contra los demandantes por cargos penales para corroborar otras pruebas referidas al período de tiempo de las llamadas telefónicas» (º 47).

Además, no cabe olvidar la prohibición del abuso del derecho contemplada en el art. 17 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, según la cual ninguna de las disposiciones del Convenio puede implicar un derecho a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el Convenio.

En atención a todo lo anterior hay que rechazar que, en el presente caso, la intervención telefónica en cuestión haya vulnerado los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) del actor.

4. La siguiente queja se refiere a la pretendida vulneración de los derechos a la intimidad y a la tutela judicial efectiva, por cuanto el Auto que autorizó la entrada y registro en el domicilio del actor estaba falto de motivación.

Nuestra doctrina ha ido perfilando cuál ha de ser el contenido de una resolución judicial que autoriza la entrada y registro en un domicilio, cuando ésta se adopta en un procedimiento penal para la investigación de hechos de naturaleza delictiva. En las SSTC 239/1999, de 20 de diciembre, FJ 4; 136/2000, de 29 de mayo, FJ 4; y 14/2001, de 29 de enero, FJ 8, hemos señalado los requisitos esenciales: esa motivación para ser suficiente debe expresar con detalle el juicio de proporcionalidad entre la limitación que se impone al derecho fundamental restringido y su límite, argumentando la idoneidad de la medida, su necesidad y el debido equilibrio entre el sacrificio sufrido por el derecho fundamental limitado y la ventaja que se obtendrá del mismo (SSTC 62/1982, de 15 de octubre; 13/1985, de 31 de enero; 151/1997, de 29 de septiembre; 175/1997, de 27 de octubre; 200/1997, de 24 de noviembre; 177/1998, de 14 de septiembre; 18/1999, de 22 de febrero). El órgano judicial deberá precisar con detalle las circunstancias espaciales (ubicación del domicilio) y temporales (momento y plazo) de la entrada y registro, y de ser posible también las personales (titular u ocupantes del domicilio en cuestión; SSTC 181/1995, de 11 de diciembre, FJ 5; 290/1994, FJ 3; ATC 30/1998, de 28 de enero, FJ 4).

A esta primera información, indispensable para concretar el objeto de la orden de entrada y registro domiciliarios, deberá acompañarse la motivación de la decisión judicial en sentido propio y sustancial, con la indicación de las razones por las que se acuerda semejante medida y el juicio sobre la gravedad de los hechos supuestamente investigados, e, igualmente, habrá de tenerse en cuenta si se está ante una diligencia de investigación encuadrada en una instrucción judicial iniciada con antelación, o ante una mera actividad policial origen, justamente, de la instrucción penal. No es necesario cimentar la resolución judicial en un indicio racional de comisión de un delito, bastando una notitia criminis alentada por la sospecha fundada en circunstancias objetivas de que se pudo haber cometido, o se está cometiendo o se cometerá el delito o delitos en cuestión. Lo que resulta exigible es la idoneidad de la medida respecto del fin perseguido, así cuando exista la sospecha fundada de que pudieran encontrarse pruebas o que éstas pudieran ser destruidas, junto a la inexistencia o la dificultad de obtener dichas pruebas acudiendo a otros medios alternativos menos onerosos; por último, se requiere también que haya un riesgo cierto y real de que se dañen bienes jurídicos de rango constitucional de no proceder a dicha entrada y registro. En suma, a falta de otra indicación en el precepto constitucional, los únicos límites que pueden imponerse al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio son los que puedan derivar de su coexistencia con los restantes derechos fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos, lo que obliga a realizar un juicio de proporcionalidad en sentido estricto (SSTC 239/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 136/2000, de 29 de mayo, FJ 4 y 14/2001, de 29 de enero, FJ 8).

Asimismo, y dado que la apreciación de conexión entre la causa justificativa de la medida -la investigación del delito- con las personas que pueden verse afectadas por la restricción del derecho fundamental constituye el presupuesto lógico de la proporcionalidad de la misma, resulta imprescindible que la resolución judicial haya dejado constancia también de las circunstancias que pueden sustentar la existencia de dicha conexión (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 8; 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 8; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 10; y 8/2000, de 17 de enero, FJ 4).

Por último, hemos admitido, asimismo, la posibilidad de que, en ciertos casos, y según las circunstancias, en particular si ya hay una instrucción judicial en marcha, sea posible complementar algunos de los extremos del mandamiento de entrada y registro con los detalles que se hagan constar en el oficio policial solicitando la medida, incluso asumiendo las razones expuestas en éste (SSTC 49/1999, de 5 de abril, 139/1999, de 22 de julio). Cuando el órgano judicial no obra por propio impulso, estas últimas razones o motivos han de exteriorizarse en la solicitud, de tal modo que proporcionen una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer el delito, a la que hemos añadido la nota de «ser accesibles a terceros», en el sentido de expresar que el conocimiento de los hechos, el sustento de la sospecha en sí procede y tiene existencia ajena a los propios policías que solicitan la medida (SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 8; 136/2000, de 29 de mayo, FJ 4).

Pues bien, en el presente caso, la entrada y registro en el domicilio de don Domingos de Almeida Cardoso fueron autorizados por Auto de 7 de junio de 1999, realizándose el mismo día. Dicho Auto, dictado en el desarrollo de un procedimiento penal (diligencias núm. 421/99), contiene una motivación en la que se determinan los titulares del domicilio, su situación y el objeto de la entrada y registro. Se trata de don Domingos de Almeida Cardoso y doña María Fátima Piedad de Arratel, cuyo domicilio está en la Avda. Villanueva de Córdoba, 69, 1 C, de Pozoblanco, y se trata de «intervenir instrumentos y efectos para confeccionar anónimo enviado a don Alfonso Torrico». Además, de esta motivación, se dan otras circunstancias que no parecen dejar lugar a dudas sobre la justificación del registro; así, éste se produce a solicitud de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 405. Comandancia de la Guardia Civil, Sección de Investigación Criminal, cuando la investigación está ya avanzada, de manera que puede comprobarse con el examen de las actuaciones judiciales en qué medida la entrada en el domicilio de los imputados es importante para conseguir instrumentos que faciliten la investigación aportando los efectos del delito.

En cuanto a la realización material del registro cuestionado, hay que señalar que éste se ejecutó a presencia del Secretario Judicial, que levantó la correspondiente acta, y del propio Sr. Almeida, con lo que durante la actuación se pudo resolver cualquier cuestión relacionada con el objeto de la entrada y registro. En definitiva, debe descartarse vulneración alguna ex arts. 18.1 y 2 y 24.1 CE, dimanante de la entrada y registro en el domicilio del actor.

5. Finalmente, tampoco cabe acoger las quejas relativas a las pretendidas vulneraciones de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

En cuanto a la tutela judicial efectiva, el recurrente la vincula, como se señala en el fundamento jurídico 1, con el hecho de que las pruebas que se han utilizado para condenarle se han obtenido con vulneración de sus derechos fundamentales. Pues bien, descartada la existencia de tales vulneraciones, y en ausencia de un planteamiento autónomo de la violación del art. 24.1 CE, no cabe sino rechazar esta queja.

A su vez, el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, como regla de juicio, se identifica con el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo obtenidas con todas las garantías, a través de las cuales pueda considerarse acreditado el hecho punible con todos sus elementos, tanto objetivos como subjetivos, incluida la participación del acusado en los mismos. De este contenido hemos extraído como consecuencia que toda Sentencia condenatoria debe, en primer lugar, expresar las pruebas en que se sustenta la declaración de responsabilidad penal, cuyo sustento ha de venir dado por verdaderos actos de prueba conformes a la Ley y a la Constitución, practicados normalmente en el acto del juicio oral, salvo las excepciones constitucionalmente admisibles. Por ello hemos afirmado la necesidad de que la prueba así practicada sea valorada y debidamente motivada por los Tribunales, con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia (SSTC 174/1985, de 17 de diciembre, FJ 2; 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1; 63/1993, de 1 de marzo, FJ 5; 35/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 81/1998, de 2 de abril, FJ 3; 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2; 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 3; 111/1999, de 14 de junio, FJ 2; 33/2000, de 14 de febrero, FFJJ 4 y 5; 126/2000, de 16 de mayo, FJ 12; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 5; 124/2001, de 4 de junio, FJ 9; 17/2002, de 28 de enero, FJ 2; 209/2001, de 22 de octubre, FJ 4; 222/2001, de 5 de noviembre, FJ 3; y 137/2002, de 3 de junio, FJ 5).

En segundo lugar, es preciso aludir a los límites de nuestro control. Una vez más es preciso afirmar que no nos corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, dado que el art. 117.3 CE y, en el marco jurídico que establece, el art. 741 LECrim atribuyen dicha tarea a los Tribunales penales. Por ello la función de este Tribunal se limita al control de la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que resulta, porque el recurso de amparo no es un recurso de apelación, ni el Tribunal Constitucional una tercera instancia, de modo que tampoco es posible que entremos en el análisis de otras posibles inferencias distintas a las efectuadas por los órganos judiciales. Tales límites de la jurisdicción constitucional de amparo derivan, por un lado, de la imposibilidad legal de determinar los hechos del proceso [art. 44.1 b) LOTC] y, por otro, de la imposibilidad material de contar en el proceso de amparo con las garantías de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción que deben rodear a la valoración probatoria. Ello, conforme hemos declarado también de forma continuada en el tiempo, nos impide valorar nuevamente la prueba practicada o enjuiciar la valoración realizada por el Tribunal con arreglo a criterios de calidad u oportunidad. Por tanto, hemos de limitarnos a comprobar que la prueba existente se ha obtenido y practicado conforme a la Constitución, que se trate de una prueba de cargo y que los hechos declarados probados puedan inferirse de ella de modo razonable (SSTC 220/1998, FJ 6; 120/1999, de 28 de junio, FJ 2; 155/2002, de 22 de julio, FJ 7; y 219/2002, de 25 de noviembre, FJ 2).

La preocupación por la razonabilidad y solidez del nexo o engarce entre la consecuencia o resultado alcanzado y el relato de hechos probados queda singularmente de manifiesto en la exigencia de que, en supuestos de prueba indiciaria, como cabe calificar la que se dio en el presente caso, los hechos constitutivos de delito deben deducirse de hechos plenamente probados a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la resolución condenatoria (STC 24/1997, de 11 de febrero, FJ 2). Sólo en caso de falta de lógica o incoherencia, porque los indicios considerados excluyan o no conduzcan naturalmente al hecho de que ellos se hace derivar o por su carácter no concluyente por excesivamente abierto, débil o indeterminado, podría constatarse la irrazonabilidad de una inferencia condenatoria (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 3; 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 4; 120/1999, de 28 de junio, FJ 2; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 5).

En el presente supuesto ha existido prueba de cargo bastante para destruir la presunción de inocencia ex art. 24.2 CE, siendo los fundamentos de Derecho primero y tercero de la Sentencia de instancia, a los que se remite el fundamento jurídico 2 de la dictada en apelación, suficientemente ilustrativos al respecto. En ellos, tras afirmar la validez de las pruebas de cargo, el Juzgado detalla los elementos probatorios que le llevan a la convicción de que el recurrente y la otra coacusada fueron los ejecutores de las amenazas contra el Sr. Torrico. En tal sentido entiende «que los dos inculpados urden el plan aprovechando la circunstancia de las relaciones sentimentales persistentes en el tiempo entre María Fátima y Alfonso Torrico Silvestre, y que además aquélla conociese las circunstancias personales y familiares de este último». En este contexto se destaca que «la prueba fundamental es la aparición en la vivienda que compartían exclusivamente los dos acusados de ese grupo de folios, entre los que se encuentra el arriba referenciado, y que tras el estudio por los correspondientes peritos calígrafos se concluye que ha sido confeccionado con la misma máquina de escribir que la carta amenazante recibida por Alfonso Torrico; dictamen ratificado por uno de los peritos en el acto del juicio oral, y que ni siquiera es impugnado o atacado por la defensa de los acusados». Del mismo modo afirma la Sentencia de instancia que «resulta fundamental la interpretación conjunta de la prueba testifical practicada con los agentes de la Guardia Civil S-75847-I, Sargento Matías Martínez Jerez del Equipo de la Policía Judicial de Puertollano, y el agente con núm. identificativo 5.642.055 del Equipo de Policía Judicial de Ciudad Real». En consecuencia no cabe mantener que la inferencia realizada por los órganos judiciales pueda considerarse excesivamente abierta, débil o indeterminada.